La difusión de videos que capturan delitos como asaltos y robos ha desatado un intenso debate sobre la legalidad y las implicaciones éticas de su difusión.
Con el avance de la tecnología y la creciente presencia de cámaras de seguridad, surge la pregunta: ¿es ilegal compartir estos videos?
A continuación, te informamos los aspectos legales clave sobre este tema.
¿Es legal o no difundir videos de delitos?
Los expertos en datos personales, coinciden en que, en situaciones donde se documentan hechos delictivos la difusión de estos videos puede estar justificada.
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales permite la divulgación de imágenes en contextos de emergencia o interés público, como es el caso de un delito en flagrancia. ¿Qué significa? Esto quiere decir que si el video ayuda a evidenciar un crimen y a identificar a los delincuentes, su difusión podría considerarse legal.
“Llegar a decir que nos pueden demandar por usar en estos contextos sería un tanto riesgoso porque la utilidad de la videograbación es clara. No pueden reclamar la aplicación de la ley en su beneficio cuando ellos mismos la están transgrediendo”, señaló el Doctor Diego García, especialista en datos personales en la Universidad Iberoamericana.
¿Qué hay con la presunción de inocencia y protección de datos se verían vulnerados?
El dilema consiste en encontrar un equilibrio entre la necesidad de informar al público sobre delitos y la protección de los derechos individuales. La presunción de inocencia es un principio fundamental, y difundir la imagen de una persona sospechosa de cometer un delito antes de que se haya dictado una sentencia puede tener consecuencias negativas y dar lugar a demandas por violación de la privacidad o daño a la reputación.
¿Entonces cuáles son las consecuencias que podría tener grabar un acto delictivo?
Aunque viralizar un video delictivo no conlleva necesariamente responsabilidad penal, existen riesgos asociados.
Por ejemplo, si alguien graba un incidente del día a día SIN relación con un delito y lo publica, podría enfrentar acciones legales por invasión a la privacidad. Podría ejemplificarse “grabar el día a día de un vecino”.
Con relación a ello, la ley estipula que el uso indebido de imágenes personales puede resultar en multas significativas y hasta cinco años de prisión.
La difusión de videos que capturan delitos en flagrancia no es ilegal, sino que se considera una forma legítima de documentar y denunciar actividades delictivas.
De hecho, la ley permite la grabación y difusión de imágenes que muestran la comisión de un delito, siempre y cuando se esté llevando a cabo el delito en ese momento. Esto se considera una forma de evidencia y puede ser útil para las autoridades en la investigación y persecución de los delitos, por lo que no existen consecuencias negativas.
Grabar el rostro de los delincuentes y exhibirlos ha generado polémica.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2024
Por un lado la protección de datos personales y la presunción de inocencia; por otro, la necesidad de evidenciar a los delincuentes en flagrancia.@pacoguizar3 con los detalles en #HechosAM pic.twitter.com/xv5MNbuDXG
